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El Principio de Transversalidad en Instituciones Penitenciarias

El principio de transversalidad (mainstreaming), conocido también como enfoque integrado de género, se basa en asegurar que, a través de las distintas políticas públicas y también privadas, se promuevan los cambios estructurales que sean necesarios para eliminar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, tratando de conseguir que ambos tengan igualdad de oportunidades. Este tipo de políticas se dirigen a ambos sexos, abordando problemáticas estructurales, para que, cuando éstas se desarrollen se tenga en cuenta el impacto que pueden tener sobre los hombres y las mujeres. La transversalidad busca que la perspectiva de género se constituya en un eje de análisis de todas las normas que se desarrollen.

Trabajo en un sector bastante masculinizado, soy Funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, es decir, soy funcionaria de prisiones.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, eliminó las escalas masculina y femenina existentes hasta entonces para el desempeño de labores de vigilancia interior de los centros penitenciarios, lo cual se tradujo en el desempeño de nuestras funciones indistintamente en módulos de hombres o de mujeres, a diferencia de la situación anterior en la cual las mujeres sólo podían trabajar con población penitenciaria femenina y los hombres con masculina.

El proceso selectivo se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que el acceso a este cuerpo funcionarial es totalmente objetivo y no existe ninguna cuota. En las últimas convocatorias se viene observando un incremento de mujeres que superan el proceso selectivo y que pasan a desempeñar sus labores para la institución. En este punto creo que no es necesario mejorar nada pues las mujeres libremente deciden acceder y lo hacen en igualdad de condiciones que los hombres.

La transición desde que se aprobó la Ley de Igualdad ha sido larga y bastante compleja en la práctica y en mi opinión aún se sigue viendo con ciertas reticencias pues la mayor parte de la población reclusa son hombres y sólo contabilizamos un 7% de mujeres, lo cual quizá pueda no parecer un problema, pero la realidad es que hay ciertas medidas de seguridad como son los cacheos que, de momento, sólo se pueden practicar sobre personas del mismo sexo. En este ámbito concreto, creo que es fundamental plantear distintas medidas tranversales en el área de vigilancia interior:

- Actualización legislativa para adecuarla a la nueva realidad

  • Aquí me gustaría plantear una medida que podría contribuir a solucionar este problema concreto, que sería el reparto equilibrado y coherente de funciones en el área de vigilancia interior de las prisiones. En este sentido, las mujeres, aunque no podamos practicar cacheos a los internos, si podemos practicar registros de sus pertenencias, de sus celdas... incluso pasar la raqueta detectora de metales, mientras los compañeros cachean a los internos, con lo cual si colaboramos y repartimos ciertas funciones podríamos contribuir a un desempeño adecuado de nuestras competencias. Quizá si regulamos ciertas funciones y tratamos de ponerlas en práctica, a la hora de desempeñar nuestra labor, nos sintamos más capaces y más valoradas, con funciones precisas y delimitadas, con lo que también nuestros compañeros verían que el hecho de ser mujer no es un impedimento a la hora de trabajar y no les “sobrecargamos” por el trabajo que en teoría no podemos hacer. Mejoraría también bastante el clima de trabajo. Planteo una regulación institucional en este punto, un desarrollo legislativo de la LO 3/2007 en este ámbito, que deje bien claro que somos iguales pero en la diferencia, que podemos trabajar y contribuir al buen funcionamiento de la prisión independientemente de nuestro sexo biológico.

  • Otra opción que podría considerarse es la de modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla, para que tanto mujeres como hombres podamos practicar cacheos indistintamente del sexo, al igual que existen médicos ginecólogos o urólogas que desempeñan perfectamente sus funciones y no suponen ninguna problemática pues desarrollan sus competencias profesionales sin violentar la dignidad e intimidad de sus pacientes.

- Fomentar la presencia de mujeres en todo tipo de puestos de trabajo dentro de la prisión y, en concreto, en el área de vigilancia interior, no solamente en módulos de respeto o poco conflictivos, para que tanto los internos como los compañeros funcionarios puedan ir normalizando la presencia de las funcionarias y la competencia profesional.

- Empoderar a las funcionarias que trabajen en puestos de vigilancia interior para que ellas mismas se vean igual de capaces y competentes que sus compañeros varones, independientemente de la fuerza física, la cual, hoy en día, con otro tipo de estrategias y habilidades de comunicación, debe ser totalmente prescindible salvo en casos muy excepcionales.

- Fomentar el trabajo en equipo para que funcionarias y funicionarios puedan considerarse parte de un grupo que ejerce iguales competencias y que, si está unido, trabajará mucho mejor.

- Potenciar acciones formativas y de sensibilización con la población reclusa. No es menos cierto que las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y reinserción social y siendo este su objetivo fundamental, el contar con funcionarias en módulos de hombres y funcionarios en módulos con población femenina me parece algo fundamental para lograr el respeto hacia ambos sexos. Creo que en este sentido se podría trabajar para que los internos e internas reciban distintas acciones formativas sobre igualdad.

Tampoco hay que olvidar que en Instituciones Penitenciarias no sólo existen los puestos de vigilancia interior, sino que también hay puestos de trabajo en Oficinas y en otros servicios en los que las mujeres y hombres pueden trabajar indistintamente, aquí plantearía medidas generales que son igualmente aplicables al resto del funcionariado de la Administración del Estado y de las distintas Administraciones Públicas.

- Desarrollo de políticas públicas que favorezcan la conciliación familiar.

  • Aquí me gustaría hacer referencia a las medidas de conciliación y de fomento de la corresponsabilidad. Venimos observando como en la mayoría de las ocasiones son las mujeres las que suelen solicitar las excedencias, reducciones de jornada, medidas de flexibilización horaria, etc. En este punto, creo que las medidas deben ser igualmente aplicadas al conjunto de la función pública, es decir, fomentar campañas de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades y perspectiva de género para que alcance una visión general del problema que aún sigue existiendo en la sociedad y en el ámbito penitenciario en concreto.

  • Fomentar el teletrabajo en el área de Oficinas para que los funcionarios y funcionarias puedan seguir desarrollando sus funciones sin menoscabo, para poder conciliar y como medida que pueda evitar que recurran a otro tipo de medidas que quizá les sean más perjudiciales como excedencias, reducciones de jornada o licencias sin sueldo. Las prisiones suelen estar bastante alejadas de los núcleos urbanos por lo que en muchas ocasiones es difícil organizarse con los horarios de las escuelas infantiles, colegios... por lo que en mi opinión el teletrabajo podría ser una medida de flexibilización muy ventajosa.

- Potenciar la presencia de la mujer en puestos directivos para lograr que se pongan en valor sus cualidades y capacidades a la hora de desempeñar sus funciones, que se vaya rompiendo el techo de cristal que en muchas ocasiones no nos deja avanzar. Una visión de la institución desde más primas.

- Denuncia de casos y situaciones de discriminación de género. En este punto creo que es fundamental que se estudien todos los posibles casos en los que pueda darse algún tipo de discriminación por razón de género, para erradicarlos y evitar y prevenir, en lo posible, la aparición de nuevos casos.

- Evaluar la efectividad de la LO 3/2007 y valorar su aplicación efectiva. Es imprescindible que observemos los cambios que se han ido produciendo desde su promulgación y ver como se ha ido adaptando a la realidad actual, para valorar si es necesario cambiar algunos aspectos o implementar otros.



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